30/04/2020

RLD 16/2020

RLD 16/2020

NEWSLETTER: Real Decreto-Ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por la presente procedemos a informarles de las medidas más relevantes adoptadas por el Real Decreto-Ley 16/2020, respondiendo a la necesidad de alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, así como a la necesidad de adoptar diferentes medidas en el ámbito concursal y societario.

1.- RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LO MÁS RELEVANTE:

  • Los días 11 a 31 de Agosto serán hábiles
  • Algunas demandas de derecho de familia se tramitarán por procedimiento especial y sumario                                                                                                                                             
  • Hasta finales de año, se tramitarán con preferencia algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria y jurisdicción civil.
  • No se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020 para determinar la concurrencia de causa de disolución de una sociedad.
  • Hay un aplazamiento del deber que tiene el deudor de solicitar la apertura de la fase de liquidación.
  • El acuerdo de refinanciación homologado podrá ser objeto de modificación o alcanzarse uno nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.
  • Hasta finales de año, el deudor que esté en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar declaración de concurso.
  • Hasta finales de año, los jueces no admitirán a trámite solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma.
  • Si antes de terminar el año el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
  • En los concursos declarados dentro de los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios los derivados de préstamos que desde la declaración de éste le hubieran sido concedidos al deudor por personas especialmente relacionadas con él.
  • En materia concursal, la falta de contestación a la demanda se considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público.
  • Se tramitarán con carácter preferente: los incidentes concursales en materia laboral y reintegración de la masa activa, medidas cautelares, admisión a trámite del acuerdo de refinanciación, propuestas de convenio, y las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o venta en globo del activo.
  • Deberá ser siempre extrajudicial la subasta de bienes y derechos de la masa activa de los concursos declarados dentro del año siguiente al estado de alarma.
  • Todos los actos procesales se realizarán preferentemente de forma telemática
  • Las deliberaciones de los tribunales se harán telemáticamente
  • El acceso a las salas de vistas se ordenará por el órgano judicial de acuerdo a las características de la sala de vistas.

2.- DESARROLLO RESUMIDO DEL CONTENIDO:

Por si es de su interés, a continuación le desarrollamos de forma ampliada los puntos mencionados anteriormente:

  1. Se declaran hábiles para todas las actuaciones procesales que a efectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial se declaran urgentes (en base al art.183 de ésta), los días 11 a 31 del mes de agosto de 2.020 exceptuando sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para los que estos días ya son hábiles.
  2. Los términos y plazos que hubieran quedado suspendidos por lo establecido en el RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, volverán a computarse desde su inicio, siendo el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.
  3. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se decidirán a través del procedimiento especial y sumario algunas demandas del ámbito del derecho de familia (régimen de visita y custodia compartida, obligación de prestar alimentos…etc.), estableciéndose también ciertas especialidades en relación a la competencia para conocer de dichos procedimientos y, en cuanto a su tramitación.
  4. Durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán con preferencia:

 

i) Jurisdicción voluntaria: Los mencionados en el punto anterior IV de esta nota y, algunos procedimientos en relación a los hijos establecidos en el art. 158 del Código Civil

ii) Jurisdicción civil:

  • Falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica.
  • Procedimientos derivados de reclamaciones planteadas por los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato.
  • Procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.

iii) Otros procedimientos en el orden contencioso administrativo y social relacionados con medidas adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

  1. A los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020.

Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente. (Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto a continuación para la declaración de concurso).

  1. El deudor no tiene el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal. Si bien, esto siempre que presente propuesta de modificación de convenio que se admita a trámite en el mencionado plazo. En el mencionado plazo el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación.

Si se incumple el convenio aprobado o modificado dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir.

  1. El deudor que tenga homologado acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento al juzgado competente que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor o alcanzar uno nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

  1. Hasta el 31/12/2020:

  • No tendrá el deudor que esté en estado de insolvencia deber de solicitar declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.
  • Los jueces no admitirán a trámite solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma. (Tener en cuenta que si antes del 31/12/2020 el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario)

  1. En los concursos de acreedores declarados dentro de los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma:

  • Tendrán la consideración de créditos ordinarios, los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él.

  • Tendrán la consideración de créditos ordinarios, aquellos en que se hubieran subrogado quienes tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado.

  • Y en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores, ,en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales. No será necesario celebrar vista (salvo que el Juez considere otra cosa). Además, la falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento (salvo acreedores de derecho público) y, los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se presenten.

  1. Hasta que transcurra un año a contar desde la declaración del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente:
  • Incidentes concursales en materia laboral.
  • Actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.
  • Propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
  • Incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
  • Admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
  • Adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

  1. En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que estén en tramitación a esta fecha: La subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa (excepto la enajenación del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, que podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre los previstos en la Ley Concursal).

  1. Mientras esté vigente el estado de alarma y, hasta tres meses tras su finalización: Todos los actos procesales, se realizarán preferentemente de forma telemática siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías dispongan de los medios necesarios (Se exceptúa la presencia física del acusado por delito grave).También se harán telemáticamente las deliberaciones de los tribunales. El acceso a las salas de vistas se ordenará por el órgano judicial de acuerdo a las características de la sala de vistas.

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