29/09/2014

Modificación de la Ley Concursal

Modificación de la Ley Concursal

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de septiembre el Real Decreto ley 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal que reforma la ley concursal con el objetivo de evitar la liquidación de empresas en el caso de que fueren viables.

Se establecen modificaciones en materia de convenio concursal, en cuanto a la fase de liquidación y la calificación del concurso.

En cuanto al convenio una de las principales novedades es la relativa a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio especial.

Los créditos con privilegio especial son los incluidos en el artículo 90 de la Ley Concursal (garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, créditos refaccionarios, créditos por cuotas de arrendamiento financiero, etc.). El pago de estos créditos se realiza con cargo a los bienes y derechos afectos. Y la modificación que se introduce consiste en que el privilegio especial solo alcanzara la parte del créditos que no exceda del valor de la respectiva garantía y para obtener el verdadero valor de la garantía es necesario deducir del valor razonable del bien sobre el que recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre dicho bien y dicho valor razonable se reduce en un 10% por los costes que implica la ejecución de la garantía.

Se amplía el quorum de la junta de acreedores, reconociendo derecho de voto a los acreedores que hayan adquirido su derecho con posterioridad a la declaración de concurso, a excepción de los que tengan una vinculación especial con el deudor. En este sentido, se amplía también el listado de personas especialmente vinculadas con el deudor, que tendrán la condición de acreedores subordinados y carecerán de voto en la junta de acreedores.

Se levanta la limitación general relativa a las quitas y las esperas (50% y 5 años), si bien exigiéndose para superar dicho límite una mayoría reforzada del 65%.

En caso de que el 75% de los créditos que componen la financiación sometida a régimen de sindicación voten a favor del convenio se entenderá que la totalidad de los créditos de dicha financiación votan a favor, a menos que en las normas que regulan la sindicación exijan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última.

Se introduce como novedad la posibilidad de arrastre de determinados créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía pero exigiéndose un doble requisito: mayorías aún más reforzadas (del 60% para quitas hasta el 50% y esperas hasta 5 años y del 75% para quitas superiores al 50% y esperas hasta 10 años) y que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase. Y para ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno con características propias y tratamiento específico en el seno del concurso: los acreedores de derecho laboral, los acreedores públicos, los acreedores financieros y el resto.

Y se incorpora un régimen especial aplicable a los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de las administraciones públicas.

Las modificaciones en materia deliquidación tienen como objetivo facilitar el desarrollo de esta fase del procedimiento concursal, garantizando en lo posible la continuación de la actividad empresarial y facilitando la venta de las unidades productivas.

Se introduce la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuere titular el cedente sin necesidad del consentimiento de la otra parte salvo que el adquirente haya manifestado expresamente su intención de no subrogarse.

Se permite la venta de unidades productivas con bienes dados con garantía, eliminando el consentimiento del acreedor, si el adquirente pasa a ocupar el lugar del deudor o si percibe el valor de la garantía.

Ahora bien el principal problema que se plantea en relación a la venta de unidades productivas es la consideración de sucesión de empresa a los efectos laborales y de seguridad social establecida en el artículo 149.2 de la Ley Concursal cuando como consecuencia de la enajenación la entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria.

Por último se incluyen novedades en materia de calificación concursal, disponiendo la no procedencia de la formación de la sección de calificación cuando se apruebe un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años.

Se clarifican las dudas interpretativas sobre el término clase, dándole un sentido más genérico e incluyendo a un grupo de acreedores que reúnan características comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal.

Para finalizar señalar que se crea una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de seguimiento de las medidas adoptadas por esta norma proveyendo que en el plazo de seis meses se cree un portal de acceso telemático en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar su enajenación.

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