19/03/2020

CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO A RAÍZ DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19

CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL ESTADO DE ALARMA DECRETADO A RAÍZ DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha supuesto además de una emergencia sanitaria a nivel global, una afectación al día a día de los ciudadanos y a la actividad económica. Ante esta situación de emergencia, el Gobierno español adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, hoy mismo se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 I.CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO CIVIL Y MERCANTIL 

En este contexto, surgen muchas dudas respecto a las consecuencias que la actual situación pueda tener en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes.

Es por ello que, a continuación intentaremos de forma resumida aclarar algunas de las dudas que más frecuentemente se nos pueden plantear estos días.

  1. ¿Puede afectar la situación de excepcionalidad que genera la emergencia sanitaria y las medidas normativas dictadas por el estado de alarma, al cumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en nuestro Derecho impera el principio de pacta sunt servada, es decir, que los contratos deben cumplirse. Si bien, en determinadas situaciones excepcionales se permite al deudor de una obligación liberarse de ésta o bien flexibilizar su cumplimiento.

Así las cosas, lo primero que deberemos valorar es si la pandemia por COVID-19 puede considerarse una situación de fuerza mayor, entendida ésta como una situación que se escapa de todo control y previsión, es inevitable, insuperable e irresistible y, además ajena a quien la alega.

Si bien y, de entrada no parece descabellado entender la pandemia de COVID-19 como una causa de fuerza mayor que pueda eximir de responsabilidad al deudor de una obligación en casos de incumplimiento, hay que analizar cada caso y observar detalladamente las circunstancias de éste ya que, no existe una respuesta genérica y absoluta para todos los supuestos.

En primer lugar, habrá que observar si en el contrato formalizado se había pactado una cláusula que  regulara las consecuencias de los casos de fuerza mayor o caso fortuito, para determinar cuál es la solución contractual que acordaron aplicar las partes.

De no existir dicha cláusula, se deberán valorar en profundidad como se ha dicho anteriormente las circunstancias de cada caso concreto (falta de previsión, diligencia del deudor para reconducir la situación…etc.) para ver si se puede entender que aplica la causa de fuerza mayor.

En caso que finalmente se entendiera que concurren las circunstancias que permiten aplicar al caso la causa de fuerza mayor (que no se pudo prever o que a pesar de haberse previsto era inevitable), el cumplimiento de dicha obligación quedaría suspendido hasta que remitiera la causa de fuerza mayor con ausencia de responsabilidad para el obligado.

1.1 ¿Y si como consecuencia de la causa de fuerza mayor me resulta imposible el cumplimiento de la obligación?

En estos casos, la obligación quedaría extinguida.

Si bien, la imposibilidad debería ser algo definitivo y no temporal, por lo que si finalizado el estado de alarma puede cumplirse la obligación, dicha figura no puede ser aplicable.

Además, y como ha recordado la jurisprudencia en numerosas ocasiones, dicha figura no aplica a obligaciones dinerarias.

1.2. ¿Y si como consecuencia de la situación actual no me resulta imposible pero me resulta especialmente difícil y gravoso cumplir con el contrato formalizado?

En este caso, se deberá analizar la posibilidad de aplicar la figura jurisprudencial denominada  rebus sic stantibus la cual supone que, en casos en que se han alterado sobrevenidamente las circunstancias existentes al tiempo de celebrar el contrato de forma imprevista, y ello derive en un desequilibro entre las partes al resultar especialmente gravoso para el obligado el cumplimiento de la obligación, se pueda flexibilizar el cumplimiento de ésta.

En este caso, nos referimos a que un tribunal que entendiera que se han producido las circunstancias anteriores, pudiera determinar que se deberán modificar las condiciones contractuales.

  1. ¿En qué consiste la moratoria de deudas hipotecarias aprobada por el Gobierno y a quién se aplica?

Dicha medida aprobada por el Gobierno, para la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual aplica a contratos de préstamo o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.

Se entenderá que existe vulnerabilidad económica si:

  • El deudor hipotecario pasa a estar en situación de desempleo o, siendo empresario o profesional sufre pérdida de ingresos o caída considerable de las ventas (+40%).
  • Que los ingresos del conjunto de la unidad familiar no superen determinados baremos en el mes anterior a la solicitud de moratoria.
  • Que la cuota hipotecaria, gastos y suministros básicos supere o sea igual al 35% de los ingresos netos percibidos por unidad familiar.
  • Que como consecuencia de la actual situación, la unidad familiar tenga alteración significativa de circunstancias económicas en términos de esfuerzo para el acceso a la vivienda.

  1. ¿Se ha aprobado alguna medida que afecte al día a día de las personas jurídicas?

Sí, se han aprobado toda una serie de medidas, de las que destacamos:

  • SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: Posibilidad aunque no lo prevean los estatutos, de celebrar por videoconferencia o sistemas que aseguren la autenticidad y la conexión en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes, tanto sesiones de órganos de gobierno y administración de sociedades o asociaciones, como patronatos de fundaciones.
  • ADOPCIÓN DE ACUERDOS: Posibilidad aunque no lo prevean los estatutos de adopción por parte de los órganos de gobierno y de administración de sociedades o asociaciones, o patronato de fundaciones de acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y, deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.
  • CUENTAS ANUALES: Respecto el plazo para formular cuentas anuales (tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social) queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.                                    Además y en caso de que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • CAUSAS DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: En caso de que, antes de declararse estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, se produjera causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios tendente a adoptar el acuerdo de disolución se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.
  • RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES: Si la causa legal o estatutaria de disolución surge mientras está vigente el estado de alarma, los administradores no responderán de deudas sociales que se contraigan en ese periodo.

  1. ¿Existe alguna medida que afecte a las solicitudes de concurso de acreedores?

Sí, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tiene deber de solicitar la declaración de concurso.

Hasta que pasen dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses.

Además, tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

II. CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL

En el mencionado Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, también se incluyen una serie de medidas en el ámbito laboral, las cuales procedemos a esclarecer a continuación:

  1. ¿Qué medidas se han adoptado respecto al teletrabajo?

En el Real Decreto mencionado se indica que se prioriza la actividad empresarial a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible.

Además, se indica que dicha medida debe ser prioritaria a un cese temporal o reducción de actividad.

  1. ¿Existe derecho a adaptar el horario o a reducir la jornada laboral?

Las personas que acrediten deberes de cuidado respecto de familiares hasta el segundo grado tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o reducción de la misma.

  1. ¿Existe algún tipo de medida en relación a trabajadores por cuenta propia?

 Sí, con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes -prorrogable hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma -los trabajadores por cuenta propia cuyas actividades queden suspendidas en virtud del RD 463/2020 o cuando su facturación en el mes anterior se vea reducida en un 75% en relación con el promedio del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, en cuantía del 70% Base Reguladora.

En caso de no acreditar el periodo mínimo cotizado percibirán el 70% de la Base mínima de cotización.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendido al hecho de que no se incluye ninguna exención en la mencionada norma, los autónomos deberán pagar la cuota correspondiente al mes de marzo.

 

 4. ¿Qué otras medidas excepcionales en el ámbito laboral han sido adoptadas?

 4.1 Medidas excepcionales en relación con los procedimientos suspensión y reducción de jornada por fuerza mayor.

 

Las suspensiones de contratos o reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 que implique suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones de transporte público y movilidad de las personas o mercaderías, falta de suministros, contagios o aislamientos preventivos tendrán la consideración de fuerza mayor.

Procedimiento:

1) Solicitud e informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad con el COVID-19

2) Comunicación a las personas afectadas y/o representación

El plazo resolución previsto será de 10 días.

4.2 Medidas excepcionales en relación con losprocedimientos suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.

Se requerirá la constitución de una comisión integrada por tres trabajadores de la propia empresa elegidos conforme el art. 41.4 ET en el plazo improrrogable de 5 días.

El proceso de tramitación sería el ya existente en estos momentos con el correspondiente periodo de consultas, negociación y registro de expediente.

4.3 Medidas extraordinarias en materia de cotización

  • En los expedientes autorizados en base a fuerza mayor vinculada al COVID-19 la TGSS exonerará a la empresa, si lo solicita, del abono de la aportación empresarial en empresas demenos de 50 trabajadores al 100%, en las restantes del 75%.
  • Reconocimiento de la prestación de desempleo aunque carezcan de periodo de ocupación cotizada mínimo.
  • La prestación por desempleo que se perciba no computará ni consumirá desempleo.
  • Las personas que estén recibiendo una prestación por desempleo verán renovada su prestación sin necesidad de renovar presencialmente la documentación. Las oficinas de atención a los desempleados atienden por vía telemática.

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