28/02/2017

APLICABILIDAD DE LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS

APLICABILIDAD DE LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS

Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) nº 655/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la Orden Europea de Retención de Cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil, será posible que las cuentas bancarias mantenidas por un deudor en otros Estados miembros de la UE sean embargables por sus acreedores con el fin de poder cobrar sus créditos. Dicho Reglamento fue aprobado el 15 de mayo de 2014, aunque su entrada en vigor se aplazó hasta el 18 de enero de 2017.

La Orden Europea de Retención de Cuentas (OERC en adelante) tiene alcance a todos los estados miembros de la UE, excepto Dinamarca y Reino Unido. La principal característica de la OERC es que el acreedor domiciliado en un Estado miembro puede obtener una retención de las cantidades que su deudor tenga depositadas en cuentas bancarias de otros Estados miembros de la UE y que estén sujetos al presente Reglamento nº 655/2014.

La OERC tiene aplicación para aquellas deudas dinerarias de alcance transfronterizo que sean de ámbito civil y mercantil. Se excluyen expresamente en el artículo 2.2 del Reglamento una serie de materias a las que no resultará de aplicación la OERC: fiscal, aduanera, administrativa, responsabilidad del estado, regímenes matrimoniales, sucesiones, insolvencias y concursos, seguridad social y arbitraje.

La solicitud de una OERC puede producirse en dos momentos procesales distintos, aunque en ambos casos se debe convencer al órgano jurisdiccional mediante la presentación de pruebas suficientes de que existe una necesidad urgente de adoptar la retención de cuentas.

En primer lugar, como medida cautelar antes o al momento de iniciar un procedimiento contra el deudor para la satisfacción del crédito, o durante la pendencia de éste, cumpliendo con los presupuestos para la adopción de medidas cautelares (apariencia de buen derecho, peligro de mora y caución).

En segundo lugar, como medida ejecutiva cuando el acreedor ha obtenido una resolución firme que obligue al deudor a pagar una cantidad dineraria a su favor. En este último caso, sería posible que, tras la resolución firme y con anterioridad a la solicitud de la OERC, se requiera al órgano jurisdiccional para que proceda a la averiguación de todas aquellas cuentas bancarias que sean titularidad del deudor en Estados miembros adheridos al Reglamento OERC.

El procedimiento para efectuar la OERC se inicia mediante una solicitud de acuerdo al formulario estándar aprobado a tal efecto. El órgano jurisdiccional deberá comprobar que se cumplen los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento OERC y dictará una resolución en el plazo de 5 o 10 días hábiles, en función de si el acreedor haya obtenido con anterioridad una resolución judicial o no respectivamente. En el momento que se emite esta solicitud el Estado miembro de destino deberá reconocerla y hacerla ejecutar sin más trámites dirigiéndola al banco en cuestión, el cual queda obligado a la retención inmediata de las cuentas del deudor.

En conclusión, los acreedores que se encuentren inmersos en un proceso judicial para obtener la tutela de aquellos créditos que les son debidos, ahora disponen de un mecanismo procesal adicional con el fin de extender la efectividad de la cobranza de su crédito a otros Estados miembros en que el deudor tenga cuentas corrientes abiertas.

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